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l alcalde de Cabanes anula tres altas del padrón tras la denuncia de irregularidades

Las bajas se camuflan en un expediente con ciudadanos de origen extranjero

Ramón Marín, Castelló El alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, está desandando lo andado. Siurana firmó el 21 de marzo un decreto con el que inicia el proceso de normalización del padrón municipal de habitantes después de las denuncias por alteración presentadas por Esquerra Unida ante la Fiscalía de Castelló, así como ante los órganos pertinentes de la Administración electoral. De momento, son tres las altas que se habían denunciado por irregulares y que ahora son anuladas. El expediente de bajas del padrón se ha tramitado de oficio, desde el ayuntamiento, ante la constatación de que los vecinos en cuestión no residen en la localidad. Dos de las inscripciones fueron tramitadas por una sobrina del alcalde, Ana María Muñoz Siurana, quien empadronó en una de sus viviendas a cuatro personas, entre ellas a Inmaculada B. P. y José Antonio G. M., que apenas han sido ciudadanos de Cabanes durante unos meses. La otra baja ordenada por el alcalde es la de María Josefa S. C., que, según declaró el dirigente local del PP Alberto Martí, ha residido en un solar de su propiedad. El Ayuntamiento de Cabanes sólo aportó datos parciales la semana pasada para justificar las alteraciones sufridas por el censo, tras el requerimiento formal que le hizo la delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística. Las bajas que ahora se anulan se han producido en ese paréntesis y justo después de que el fiscal jefe de la Audiencia de Castelló, Javier Arias, confirmara la apertura de una investigación por el engorde del padrón municipal de Cabanes. Las bajas tramitadas en marzo corresponden, en su mayor parte, a ciudadanos de origen extranjero, tanto de países del Este como subsaharianos. Sólo 11 de ellas son de nacionales españoles. Las tres bajas relacionadas con supuestas irregularidades han sido camufladas junto a otras que, en teoría, tienen un carácter ordinario. Fuentes municipales apuntaban ayer que la tramitación de bajas del censo por esta vía administrativa es habitual, aunque precisaban no se producen en un número tan elevado. El portavoz municipal de EU, Carles Mulet, denunció en febrero el empadronamiento de 39 personas en domicilios particulares del alcalde, familiares suyos y cargos orgánicos del PP. Las inscripciones se realizaron con el mismo formulario y, en algunos casos, en viviendas que no cumplían las condiciones de salubridad, almacenes y solares. La Dirección General del INE ha decidido intervenir ante los indicios que confirman las denuncias presentada. Otros cinco municipios de Castelló están en el punto de mira por el mismo asunto.