El juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha decidido archivar, de forma provisional, el caso de la posible manipulación del censo de Cabanes pese a haber hallado indicios de delito. El argumento por el que acuerda el sobreseimiento provisional se centra en que "no existe autor conocido" y, por lo tanto, tal como expresa el juez en su auto, no se puede proceder contra una "persona determinada".
Ante estos argumentos, Iniciativa, formación que llevó el caso a los tribunales, ha pedido a la fiscalía que "reanude las investigaciones al respecto, que fueron remitidas en junio de 2008 al Juzgado de Instrucción por estar ambos organismos investigando el mismo caso". Además, ha recurrido la decisión del juzgado y ha pedido "nuevas pruebas periciales y nuevos testimonios para aclarar quién fue el autor material del acto delictivo que el propio juez reconoce". Para el edil de Iniciativa en Cabanes, Carles Mulet, "no tiene ningún fundamento jurídico ni razonable que reconociendo que hay un delito, no se agoten todas las pruebas periciales".
Tal como explica el juez en el auto, la denuncia se produjo después de que, entre los meses de diciembre de 2006 y enero de 2007, se detectaran anomalías en el censo electoral de Cabanes, con un incremento de empadronados de 39 personas que dijeron vivir en domicilios de personas ligadas al alcalde del PP, Artemio Siurana. Según el escrito de denuncia, el 27 de mayo, éstos "acudieron a votar de forma masiva", por lo que se presentó una denuncia ante la posible comisión de delito electoral. El juez explica que "sólo" en tres casos, las personas empadronadas alegaron no haber dado autorizado el empadronamiento. El juzgado tomó también declaración al funcionario del Ayuntamiento de Cabanes que tramitó los empadronamientos pero ante el juez, éste adujo no recordar quién había acudido a solicitar la inclusión en el censo electoral de la población.
En un comunicado remitido ayer, Mulet hizo referencia a las declaraciones de los vecinos que reconocen que fueron empadronados sin su consentimiento "en domicilios de familiares del alcalde de Cabanes" y aseguró que "falta todavía que declaren de nuevo las personas que empadronaron, sin su consentimiento, a estos vecinos, además del secretario municipal que debía tutelar las altas en el padrón".
Además de estas diligencias, el juez tomó también declaración a los propietarios de las viviendas que los nuevos empadronados fijaron como domicilios.
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