m'ha demanat opinió sobre aixó d'il·legalitzar l'apologia del franquisme, i aixó he pensat;
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles
Mulet, ha afirmado hoy que la propuesta del PSOE de penalizar la apología del
franquismo, es absurda si no viene acompañada de más medidas “ si el franquismo
continua siendo legal, si sus sentencias continúan siendo legales, si sus
dirigentes continúan amparados por la ley de amnesia o amnistía, no tiene sentido
criminalizar la liberta de opinión, porqué evidentemente es un arma de doble
filo, que en manos de un gobierno de derechas puede prohibir otro tipo de ideas
o manifestaciones. Lo que hay que hacer no es prohibir exaltar el franquismo,
sino erradicarlo des todos los estamentos donde está todavía en vigor”
Mulet ha recordado que en el sistema jurídico español
todavía pervivien en vigor normas y leyes dictadas por un régimen ilegal como
el franquismo, y cómo miles de víctimas del franquismo continúan con estatus de
delincuentes por tener sentencias dictadas por tribunales franquistas, los cuales
no tienen ninguna legitimidad democrática”
Para el
parlamentario valencianista lo que correspondería sería declarar ilegales y nulos y sin ningún efecto
jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes
sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen
franquista de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936, el Decreto de 31 de
agosto de 1936, el Decreto número 55 de
1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de
1947, el Decreto 1794/60, de 21 de septiembre, y el Decreto Ley 10/75, de 26 de
agosto. Así como declarar la nulidad de
todos los juicios penales y militares por arbitrios e ilegales, adoptando las
medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las
víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales
afectados. Y por extensión, el reconocimiento de la legitimidad del gobierno
republicano y la ilegalidad de los gobiernos del franquismo.
Para
Mulet, sería necesario que el Estado español considere víctimas del franquismo
a todas las personas que la sufrieron en cualquiera de sus formas, mostrando
reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida, y se
habilitarán todos los mecanismos para la reparación que las víctimas y sus
familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y
verdad. Las víctimas, en cualquier de sus manifestaciones o modos, han de contar
con el reconocimiento oficial de víctimas del franquismo a todos los efectos. Y
enumera los siguientes tipos de víctimas:
a) Las
personas víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil, la Dictadura
franquista y de la etapa de la transición hasta 1990.
b) Las
personas que fueron objeto de condenas dictadas por los tribunales ilegítimos
instaurados tras el golpe militar de 1936.
c) Las personas que se exiliaron por causa de
la Guerra Civil y de la Dictadura franquista por defender sus derechos y
libertades democráticos.
d) Las
personas que, debido a su compromiso con los derechos y libertades
democráticos, y para defender su pervivencia en la sociedad española, española
y europea, padecieron confinamiento, torturas y, en muchos casos, la muerte en
campos de concentración y exterminio de los países configurados políticamente
bajo el fascismo.
e) Las personas que participaron en la
guerrilla antifranquista, así como quienes les prestaron apoyo activo como
colaboradores de la misma en defensa del Gobierno legítimo de la Segunda República
Española y por la recuperación de la democracia.
f) Los
niños y niñas recién nacidos que fueron sustraídos y/o entregados
irregularmente a otras personas, así como sus progenitores y hermanos o
hermanas. Su inclusión en el Censo de Memoria Democrática se realizará
únicamente a instancia de parte.
g) Las
mujeres que padecieron humillación, persecución, violación o castigo por haber
ejercido su libertad personal o profesional durante la Segunda República, o por
el mero hecho de ser compañeras, esposas o hijas de quienes participaron en la
vida pública de la democracia republicana. Su inclusión en el Censo de Memoria
Democrática se realizará únicamente a instancia de parte.
h) Las
personas que padecieron represión por sus creencias políticas o religiosas, por
su orientación sexual, o por su origen étnico.
i) Las personas que desempeñaron trabajos de
manera forzada y que fueron utilizadas como mano de obra sin su consentimiento
y bajo coacción durante las Guerra Civil y la Dictadura franquista.
j) Los empleados públicos que, mediante el
oportuno expediente o por vía de hecho fueron castigados, expedientados o
depurados como consecuencia de sus convicciones democráticas, su participación
activa en defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española,
su oposición al golpe militar de 1936 y a la dictadura franquista.
k) Las
personas que padecieron privación de libertad por su defensa de la Segunda
República o por su resistencia al régimen franquista con el fin de restablecer
un régimen democrático.
l) Las
entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron ilegalizadas durante
la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que fueron doblemente castigadas
con la represión sobre sus miembros y con la incautación o expropiación de sus
bienes.
m) las
personas físicas o jurídicas a las cuales se les incautaron sus bienes y
propiedades.
Para Mulet,
“ es necesario considerar contrarios a la Memoria Democrática del Estado
español y a la dignidad de las víctimas las asociaciones, entidades,
fundaciones y organismos de similar naturaleza que conmemoren, justifiquen,
exalten, enaltezcan el golpe militar del 1936, el franquismo a sus dirigentes,
procediendo a su ilegalización inmediata o la exhibición pública de elementos o
menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o
colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de
las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, pero para ello,
primero, hay que ilegalizar primero al franquismo, ya que hacer apología de
algo legal, jurídicamente no puede comportar ninguna prohiición, y si de paso erradicáramos
el franquismo de nuestro sistema judicial, de las Cortes Generales, o de la jefatura
del Estado, daríamos pasos de gigantes hacia la democracia “
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